El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció esta semana que el país retornó oficialmente al canal seguro de información del Grupo Egmont, una organización que agrupa a más de 180 unidades de inteligencia financiera del mundo. La salida de Colombia de allí fue la consecuencia de una alocución que hizo el expresidente Gustavo Petro revelando datos que eran confidenciales.
El acceso que la pertenencia a ese grupo le permite al país intercambiar más fácilmente información para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos transnacionales que afectan la región. Por eso, la Presidencia aseguró que esta noticia fortalece la confianza de la comunidad internacional en el ecosistema de inteligencia financiera nacional.
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En ese sentido, la directora general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Martha Luz Reyes, señaló que "el restablecimiento del intercambio de información con más de 186 unidades de inteligencia financiera es un sello de garantía mundial para Colombia" y explicó que eso "significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar los movimientos de recursos vinculados con actividades ilícitas".
La funcionaria reiteró que, con el reingreso al grupo, el Gobierno podrá contar con el intercambio seguro de información entre países, lo cual fortalece la capacidad para identificar y analizar operaciones financieras sospechosas vinculadas con el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y otras actividades ilícitas que buscan aprovechar el sistema financiero.
"Tras dos años de suspensión de la conexión al canal, la reconexión del país refleja el restablecimiento de la confianza de los miembros del Grupo en Colombia, la cual se consolidó gracias al firme compromiso del actual gobierno por fortalecer los lazos con la organización y por mantener el estricto apego a los principios de protección de datos y confidencialidad que rigen el intercambio de información de inteligencia financiera", concluyó la UIAF.
En septiembre de 2024, Egmont suspendió a Colombia por la violación de la confidencialidad de la información luego de las declaraciones del entonces presidente Gustavo Petro en una alocución donde mencionó la presunta compra del software espía conocido como Pegasus.
Ese grupo de inteligencia financiera es una organización internacional fundada en 1995 en Bélgica, cuyo nombre se debe a la ciudad donde fue creada y su propósito se basa en facilitar la cooperación entre sus miembros para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Petro violó esa confidencialidad de esa cooperación para —en medio de un paro camionero que vivía el país por el alza en el precio del ACPM— acusar al Gobierno de su antecesor, Iván Duque, de haber comprado de manera ilegal y en unas condiciones propias de una transacción mafiosa, un software con la capacidad de espionaje de celulares de cualquier tipo.
El hoy líder absoluto del Pacto Histórico leyó de un papel el nombre del archivo, el número de la referencia y hasta el remitente que tenía un documento que, supuestamente, probaba semejante señalamiento. Según él, Duque habría comprado Pegasus para hacer espionaje en 2021 por un total de 11 millones de dólares, en dos pagos no reportados de 5,5 millones cada uno.
En ese entonces, el expresidente Petro ligó, sin pruebas, la adquisición de ese software a la publicación que hizo la Revista Semana a mediados de 2022 sobre unas conversaciones en campaña en las que hablaba, como candidato, con varios líderes de su equipo acerca de la estrategia que utilizaban y las alianzas para ganar las elecciones. En esas conversaciones aparecía él, su entonces esposa, Verónica Alcocer; el exministro del Interior, Armando Benedetti; el excandidato presidencial, Roy Barreras, y otras figuras protagonistas de la campaña.
La denuncia de Gustavo Petro no terminó en hechos ni consecuencias, sino que se quedó en el señalamiento en medio de la pelea política y significó para Colombia la pérdida de acceso a información financiera crucial entre las unidades de inteligencia financiera (UIF) de los países miembros. Esto dificultó la capacidad del país para identificar y rastrear transacciones ilegales.
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Eso también reducía la eficacia en la detección de las actividades ilícitas, a pesar de que Colombia recibe apoyo de agencias como la CIA y la DEA para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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