El Gobierno de Javier Milei puso en marcha la ofensiva anunciada contra las empresas vinculadas a la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
El viernes 4 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías por presunta violación de la legislación nacional, mientras el Ejecutivo ultima detalles del proyecto de ley que enviará esta semana al Congreso para endurecer las penalidades.
Las 45 personas físicas y jurídicas todavía no fueron sancionadas. La Cancillería primero iniciará procedimientos administrativos para determinar si incurrieron en las conductas prohibidas por la Ley 26.659, que regula desde 2011 las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Una vez concluido ese proceso podrán aplicarse las sanciones correspondientes.
La medida alcanza a las petroleras que operan en las aguas que rodean las Malvinas sin autorización argentina, a sus accionistas y a las compañías que les prestan servicios.
El Gobierno no hizo pública la lista de los 45 investigados, aunque medios argentinos que tuvieron acceso a ella señalaron que incluye empresas y accionistas británicos, israelíes, canadienses, estadounidenses, daneses y neerlandeses.
Entre las compañías que desarrollan proyectos petroleros en torno al archipiélago se encuentran la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, socias en el proyecto 'Sea Lion', además de la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.
La ofensiva fue anunciada el jueves por Milei, quien dijo que soplan "vientos de cambio favorables" para la reivindicación argentina sobre las Malvinas y prometió endurecer las sanciones para las compañías que participen en la explotación de sus recursos naturales sin autorización de la Casa Rosada.
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La Ley 26.659 prohíbe realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de Buenos Aires. También alcanza a quienes participen directa o indirectamente en esas empresas o realicen con ellas operaciones comerciales, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría.
La legislación contempla la posibilidad de inhabilitar a los infractores por un período de entre cinco y veinte años para desarrollar actividades en Argentina.
El país ya recurrió a la ley contra Rockhopper en 2013 y Navitas en 2022. Ambas fueron inhabilitadas durante veinte años, aunque las sanciones no impidieron que el proyecto 'Sea Lion' siguiera avanzando.
Una vista aérea de Stanley, capital de las islas Malvinas y a la que Argentina llama Puerto Argentino, tomada el 7 de octubre de 2019
El nuevo paso dado por Milei fue el Decreto 868/2026, publicado el viernes, que busca acelerar esos procedimientos. La resolución convirtió a Cancillería en autoridad de aplicación y obliga a los organismos de la Administración pública a informar, en un máximo de cinco días hábiles, cualquier actividad que pueda constituir una infracción.
Si Cancillería encuentra indicios suficientes, deberá abrir un sumario. El investigado tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y, finalizada esa instancia o una eventual etapa probatoria, la autoridad deberá decidir si archiva el expediente o aplica la sanción correspondiente.
El decreto también lleva la disputa al terreno de las inversiones.
Las compañías que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los principales instrumentos creados por Milei para atraer capitales, deberán declarar que tanto ellas como las personas vinculadas cumplen y seguirán cumpliendo la legislación argentina sobre las actividades hidrocarburíferas en Malvinas. También se establecen controles similares para obtener permisos y concesiones petroleras.
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El endurecimiento de la posición argentina se produce mientras avanza Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago.
Operado por Navitas y con participación de Rockhopper, el proyecto dio un paso importante a finales de 2025, cuando las compañías anunciaron la decisión final de inversión. En principio, apuntan a comenzar la extracción de en marzo de 2028.
Para el Gobierno argentino, ese avance obliga a moverse antes de que el proyecto entre en producción. La estrategia no pasa únicamente por sancionar a Navitas y Rockhopper, que ya fueron inhabilitadas en Argentina, sino por ampliar la presión hacia la red de accionistas, contratistas y proveedores que necesitan para desarrollar el yacimiento.
Precisamente, ese es uno de los puntos que Milei busca reforzar mediante la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo tiene previsto enviar esta semana al Congreso. El proyecto pretende ampliar las sanciones y extender el régimen a otras actividades que afecten recursos naturales en las islas, además de incorporar nuevas herramientas para actuar contra quienes participen de esos desarrollos.
De esta manera, el paquete anunciado por el Gobierno queda dividido en dos etapas: mientras los 45 procedimientos administrativos ya están en marcha bajo la legislación vigente, las sanciones adicionales prometidas por Milei dependerán de que el Congreso apruebe el nuevo proyecto.
La ofensiva del Gobierno recibió durante el fin de semana el respaldo de distintas empresas y entidades empresariales con presencia en Argentina. Entre ellas estuvieron SLB (antes Schlumberger), Halliburton y Baker Hughes, tres de las principales compañías de servicios petroleros del mundo, que también descartaron públicamente participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.
SLB aseguró que "no está participando ni tiene previsto participar" en procesos de licitación para prestar servicios a proyectos en las islas y sus espacios marítimos circundantes. La compañía hizo referencia directa al Decreto 868/2026.
Halliburton señaló que no participa del proyecto Sea Lion y que "respeta la soberanía de la República Argentina", mientras que Baker Hughes también aseguró que no participa ni prevé participar en licitaciones relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.
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Por su parte, YPF, la empresa de energía más importante de Argentina, celebró los pronunciamientos.
"Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton y Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante. Gracias por el apoyo".
Las principales entidades empresariales del país también elogiaron la decisión del Gobierno argentino.
El denominado G6, integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, sostuvo que la soberanía sobre las Malvinas constituye una causa "permanente e irrenunciable" que debe mantenerse por encima de las diferencias políticas.
"La defensa del territorio, de nuestros recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación es una responsabilidad de todos los argentinos y una política de Estado que debemos sostener unidos".
Asimismo, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) expresó su apoyo a las iniciativas destinadas a "preservar los intereses nacionales y los recursos naturales", mientras que la Sociedad Rural calificó la defensa de la soberanía como una "prioridad histórica".
Las reacciones de las compañías de servicios petroleros son fundamentales para la estrategia oficial.
SLB, Halliburton y Baker Hughes mantienen negocios en Argentina, donde el desarrollo de Vaca Muerta (formación geológica de hidrocarburos no convencionales situada en la Cuenca Neuquina, en el norte de la Patagonia argentina) ofrece oportunidades de inversión mucho mayores que las disponibles en torno a Malvinas. El Gobierno apuesta a esa diferencia de escala para disuadir a proveedores internacionales de colaborar con proyectos como Sea Lion.
La Casa Rosada presentó los 45 procedimientos abiertos el viernes como una señal de que esa presión dejará de ser solo discursiva. "Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley", afirmó la Oficina del Presidente.
El Reino Unido, que administra las islas desde 1833 y las denomina Falklands, rechazó la ofensiva argentina. Londres reafirmó el viernes que el archipiélago "es británico y seguirá siéndolo" mientras esa sea la voluntad de sus habitantes, los denominados 'kelpers'.
Argentina reivindica su soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Buenos Aires y Londres mantienen una disputa por la soberanía reconocida por Naciones Unidas y protagonizaron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.
Con EFE, AFP y medios locales
