"México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional", aseguró este martes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, en representación del gobierno mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esto ocurrió durante el informe anual que presentó Juan Pablo Albán, presidente del CED, ante ese organismo, y fue la misma respuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum dio en abril de 2025 ante la notificación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre la apertura del procedimiento.
A pesar de que el gobierno persiste en negarse a la posibilidad de más apoyo internacional, Albán sugirió que, al final, la puesta en marcha del artículo 34 ha dado un primer resultado si el gobierno mexicano ha intensificado sus acciones e información sobre resultados en investigación y búsqueda durante el último año, particularmente en la última semana.
En México, más de 130 mil personas desaparecidas, según el registro oficial. Foto: Cuartoscuro
El 2 de abril de 2025, a unas semanas de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, además de llamar al Estado mexicano a tomar medidas en ese caso, el CED dio a conocer que iniciaría el procedimiento ante la posibilidad de que en el país se registren desapariciones de forma generalizada o sistemática; el procedimiento está contemplado en la convención internacional y abre la posibilidad de solicitar la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A más de un año de iniciado, Albán, en representación del CED, expuso ante el organismo internacional que tras examinar la información proporcionada por el Estado, la contribución de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil y los antecedentes reunidos desde 2012 —cuando inició la interacción con el comité—, se concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión y persistencia de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
"Decidió (el Comité contra la Desaparición Forzada) traer a la atención de ustedes, con carácter urgente, esta cuestión, de conformidad con lo que dispone la propia Convención que nosotros nos hemos limitado a aplicar", explicó. Tal decisión, aclaró, no constituye responsabilidad internacional del Estado mexicano, ni encontró indicios de la existencia de una política federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades.
Durante el informe, se recordó que el artículo 34 es un mecanismo preventivo excepcional de alerta, concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias. Al aplicarlo, el CED ejerce una competencia que los Estados miembros le asignaron, y ahora corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas considerar esas oportunidades para auxiliar —si México aceptara— en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias.
Aunque Albán reconoció los esfuerzos realizados en el país, remarcó que persisten "problemas estructurales que requieren atención". Desde la apertura del procedimiento, en abril de 2025 hasta el cierre de esta publicación, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha acumulado 14 mil 417 reportes de personas cuya suerte y paradero sigue sin conocerse. El total histórico se mantiene en más de 130 mil.
Ante ello, además de rechazar la posición del CED, Arturo Medina enlistó una serie de acciones que, aseguró, han llevado a la localización de más de 16 mil personas, la mayoría vivas —no precisó cuántas— y la identificación de 24 mil restos humanos. Destacó la coordinación para investigar los delitos y combatir la impunidad, e hizo énfasis en que en el pasado la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político, mientras que hoy son perpetradas principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, por autoridades municipales.
Sin embargo, el documento que originalmente presentó el CED para justificar su decisión de abrir el procedimiento sostiene que parte de su determinación en torno de la desaparición forzada como práctica sistemática obedece a que hasta el 28 de febrero de 2026 registró 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones ocurridas en México, alrededor del 36.5 % del total registrado ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
"En la mayoría de los casos, los autores de las peticiones alegan que las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas, constituyen una práctica generalizada en los estados referidos, que abarcan todas las entidades federativas señaladas en la información recibida al amparo del artículo 34, como otras. Las alegaciones se refieren a vínculos entre servidores públicos y grupos criminales, incluso en relación con la ocurrencia de desapariciones", explicó en su momento el Comité.
Familiares de personas desaparecidas bloquearon la México-Toluca en ambos sentidos. Foto: Cuartoscuro
En algunas de las acciones urgentes hubo alegatos de involucramiento directo de servidores públicos, mientras que en otras la información sobre las circunstancias de la desaparición y los posibles perpetradores es escasa, pero "contiene alegaciones contundentes de vínculos entre las autoridades locales y los grupos delictivos presuntamente involucrados". A esto se suma que las investigaciones no suelen aclarar la realidad sobre esos vínculos.
Aunque ahora está en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas dar seguimiento a la aplicación del artículo 34, a partir de las propuestas concretas para orientar la cooperación que ya formuló y entregó el CED, este último reafirmó su compromiso de continuar trabajando con México mediante los procedimientos convencionales y de mantener un diálogo constructivo.
Al término de la presentación de su informe, Albán denunció en sus redes sociales que un grupo de víctimas fue retirado de la sala por mostrar fotografías de sus personas desaparecidas. "Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo", apuntó.
Además, esperó que la cuestión remitida a la Asamblea en virtud del artículo 34 de la Convención no se diluya "entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas". Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos —añadió— que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.
Recordó también que fueron los propios Estados los que decidieron incorporar este mecanismo excepcional en la Convención, por lo que confió en que ahora asuman con la misma seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico, pues la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende de su capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez además de sumarse al rechazo por el retiro de la sala de familiares de personas desaparecidas, reiteró que, como se reconoció en la sesión, son las familias quienes impulsan día con día las acciones de las instancias nacionales e internacionales. "Sus familiares desaparecidos son el motor de esa acción", resaltó.
"La grave situación de México permanece bajo consideración de la Asamblea General y la comunidad internacional. Seguir disputando la magnitud de la crisis, centrar los esfuerzos en revisar cifras y no reconocer problemas estructurales como la impunidad y la colusión en torno a las desapariciones difícilmente permitirá dar las respuestas extraordinarias que necesitan las familias que cada día buscan a sus seres queridos", agregó la organización.
Presentación del informe anual del Comité sobre Desapariciones Forzadas ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: @JuanPablo_Alban
A la presentación del informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas antecedió el encuentro entre familias de personas desaparecidas, colectivos de distintas entidades, especialistas y organizaciones de la sociedad civil que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York un día antes.
Ahí, expusieron el trabajo en materia de búsqueda e investigación que hacen las familias ante la negligencia del Estado, y pidieron que el organismo internacional ayude a México con recursos y personas expertas ante la crisis de más de 130 mil personas desaparecidas, según el registro oficial, 5 mil menos que las registradas a mediados de este año.
Las participaciones de familiares coincidieron en señalar patrones sistemáticos de impunidad, deficiencias institucionales y la necesidad de intervención internacional. Entre ellas señalaron la parálisis e inoperancia en las investigaciones, que se expresan en el estancamiento de carpetas de investigación en las fiscalías sin avances durante años o décadas, con un muy bajo número de sentencias.
Por otro lado, cuestionaron las estrategias gubernamentales que catalogan a personas como "ubicadas" o "localizadas" mediante cruces informáticos de bases de datos sin que exista una comprobación de su paradero ni la restitución física a sus familias. Además, acusaron la persistencia de cooptación de funcionarios de seguridad por parte del crimen organizado.
Otros puntos relevantes señalados fueron el riesgo y la estigmatización que continúan enfrentando las personas buscadoras, pues persiste una falta de protección hacia colectivos que enfrentan amenazas, agresiones y violencia mortal. Artículo 19 ha documentado 44 agresiones letales contra personas buscadoras entre 2010 y 2026, 36 asesinatos y ocho desapariciones.
Ante ello, coincidieron en que se dé seguimiento a la aplicación del Artículo 34 de la Convención, y que las autoridades mexicanas sean receptivas, así como al establecimiento de mecanismos internacionales de investigación e identificación forense con participación directa de las víctimas.
Recordaron también que la estrategia de depuración de cifras no prioriza una tarea fundamental: el cruce entre las más de 130 mil personas desaparecidas y los más de 72 mil restos sin identificar en los servicios forenses.
