Al menos 19 muertos dejó el bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en el estado fronterizo de Apure. El ataque, ejecutado con helicópteros artillados y drones, habría contado con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, cuyos agentes habrían participado en la identificación y ubicación del objetivo.
Fue un golpe inédito contra una guerrilla que durante años encontró en territorio venezolano una retaguardia para sus estructuras armadas y sus principales mandos.
La organización Fundaredes, que tiene presencia en la zona fronteriza, reportó inicialmente nueve muertos por el bombardeo ejecutado durante la madrugada del viernes contra un campamento del ELN en el estado venezolano de Apure.
Sin embargo, el balance aumentó a 19 víctimas mortales después de que otros diez cuerpos fueran trasladados el sábado a San Fernando, capital del estado.
Así lo confirmó a periodistas locales Juan Francisco García, coordinador de la organización, quien precisó que los primeros nueve cadáveres llegaron el viernes y los otros diez al día siguiente.
El ataque se habría ejecutado con helicópteros artillados y drones contra el campamento, ubicado en una zona boscosa al suroeste de Apure.
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La magnitud de la ofensiva quedó reflejada en imágenes difundidas por Fundaredes. En un video compartido por la organización se observan varios cuerpos tendidos en el suelo, árboles derribados y los restos de lo que sería la infraestructura del campamento atacado.
El bombardeo ocurrió cerca del caserío Buena Vista del Meta, una población de aproximadamente mil habitantes que limita con el departamento colombiano de Vichada, en el oriente del país.
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Los cuerpos fueron trasladados inicialmente a Puerto Páez, a unos 150 kilómetros del lugar de la ofensiva. Una vez suceden los hechos, los cuerpos fueron llevados a la morgue de San Fernando, ubicada a unos 500 kilómetros del sitio del bombardeo, y finalmente sepultados en un cementerio del municipio de Camaguán, en el vecino estado de Guárico.
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Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el alcance de lo ocurrido en esta operación debe analizarse a partir de la importancia estratégica que Venezuela ha tenido para el ELN y de las consecuencias que puede traer para su funcionamiento una modificación de las condiciones políticas y militares en ese país.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el investigador advierte que la nueva coyuntura puede obligar a la guerrilla a reorganizar sus estructuras, proteger a sus principales comandantes y replantear su presencia en ambos lados de la frontera.
No es un asunto menor. Arias ha señalado que cerca del 60 % de la capacidad armada del ELN está concentrada en la zona fronteriza, donde operan los frentes de guerra Oriental, Nororiental y del Norte.
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Además, buena parte de la conducción estratégica de la organización, incluido el Comando Central y la Dirección Nacional, ha permanecido en Venezuela.
En análisis anteriores, el investigador ha estimado que alrededor del 70 % de esos mandos estratégicos se encontraba en territorio venezolano. Esa distribución explica por qué un cambio de postura de Caracas puede tener efectos que trasciendan el campamento bombardeado.
Durante años, la guerrilla construyó en los estados fronterizos venezolanos condiciones para desarrollar sus actividades, proteger a sus integrantes y consolidar relaciones territoriales.
No se trata solamente de tener lugares para esconderse: Venezuela ha sido una pieza de su estructura política, militar y logística.
Arias ha identificado tres movimientos que podrían acentuarse con la incertidumbre venezolana:el aumento de las medidas de seguridad para los comandantes que permanecen en ese país, el traslado gradual de cuadros visibles hacia Colombia y un mayor control sobre las bases y los combatientes, especialmente en regiones como el Catatumbo.
La preocupación por la exposición de figuras de la dirección guerrillera, entre ellas 'Antonio García' y 'Pablito', también podría traducirse en reubicaciones, cambios en las comunicaciones y mayores precauciones para evitar su localización.
El bombardeo de Apure podría profundizar esas dinámicas. Sin embargo, no significa que el ELN haya perdido su capacidad de operación en Venezuela ni que un solo ataque pueda desarticular su presencia en una frontera de 2.219 kilómetros.
"La organización conserva estructuras, redes y capacidad de influencia en diferentes territorios, mientras que las autoridades venezolanas todavía no han ofrecido una explicación oficial detallada sobre el operativo", dice Gerson Arias.
La acción militar ocurrió en una zona boscosa al suroeste de Apure, cerca del caserío Buena Vista del Meta, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.
Según una fuente militar vinculada con el operativo y citada un cable de la agencia AFP, los preparativos comenzaron aproximadamente un mes antes y el ataque tomó por sorpresa a los integrantes del campamento, que no habrían tenido tiempo de reaccionar.
Fundaredes, organización con presencia en la región, reportó inicialmente nueve muertos. Su coordinador, Juan Francisco García, confirmó posteriormente el traslado de otros diez cadáveres a San Fernando de Apure, con lo que la cifra ascendió a 19.
La mayoría de las víctimas serían venezolanas y entre ellas habría una mujer. También fueron identificados dos ciudadanos dominicanos que tenían documentos de identidad venezolanos.
Incluso sostuvo que el ataque fue una orden de Washington. La agencia intentó obtener una respuesta de las autoridades norteamericanas, pero no recibió pronunciamiento.
Por ahora, por tanto, lo que se conoce es una operación ejecutada por fuerzas venezolanas con un presunto respaldo de inteligencia estadounidense, no un bombardeo realizado directamente por tropas de Estados Unidos.
La defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares Rocío San Miguel calificó el ataque como un cambio de doctrina de las Fuerzas Armadas venezolanas, que durante años mantuvieron una posición de neutralidad frente a la presencia del ELN y otras guerrillas colombianas en su territorio.
Ese viraje coincide con la transformación del panorama político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la Presidencia interina, en medio de una nueva relación de Caracas con Washington. Pero trasladar lo ocurrido en Apure a Colombia supone un escenario diferente.
Una cosa es que Estados Unidos entregue información de inteligencia a las autoridades venezolanas para que estas ejecuten operaciones en su propio territorio y otra que las fuerzas estadounidenses participen directamente en ataques dentro de Colombia.
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Esto último tendría implicaciones políticas, diplomáticas y de soberanía que no pueden darse por sentadas a partir del precedente venezolano. Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una operación militar estadounidense contra el ELN en Colombia.
Lo que sí podría profundizarse es la cooperación en inteligencia, vigilancia, reconocimiento de objetivos e intercambio de información para ubicar campamentos, corredores de movilidad y mandos de esa organización.
Para el ELN, de acuerdo con Gerson Arias, el cambio de escenario puede representar una amenaza para su retaguardia, pero también un incentivo para endurecer su comportamiento armado.
Arias ha advertido que la incertidumbre venezolana puede favorecer una radicalización del discurso y de las acciones de algunas estructuras guerrilleras.
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Ambos movimientos no son excluyentes: mientras unos mandos buscan protegerse y reubicarse, otras unidades pueden responder con mayor presión sobre los territorios que controlan.
Ese es uno de los riesgos que debe observar Colombia. Una eventual reducción de los espacios de protección del ELN en Venezuela podría empujar a algunos de sus integrantes hacia territorio colombiano, aumentar la presión sobre regiones como el Catatumbo y Arauca o intensificar las disputas por corredores estratégicos y economías ilegales.
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