La decisión del Gobierno de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas mediante el Decreto 1368 de 2026 reactivó el interés de miles de ciudadanos por conocer cuánto cuesta adquirir un arma de manera legal en Colombia.
Sin embargo, más allá de la flexibilización de los permisos, de hecho, en marzo de 2026, la Industria Militar (Indumil), actualizó su lista de precios con reducciones significativas en pistolas, revólveres y escopetas.
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La nueva estructura tarifaria, coordinada con el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares, redujo el valor de varias referencias nacionales e importadas. Uno de los ajustes más llamativos fue el de la pistola colombiana Córdova estándar, cuyo precio pasó de $8.063.748 a $5.471.400, una disminución cercana al 32%. La versión compacta quedó en $5.525.520.
En el segmento de armas importadas, la Smith & Wesson M&P9 se fijó en $5.402.760, mientras que la Glock 19 quedó en $6.535.320, con reducciones superiores a los $6 millones frente a tarifas anteriores. La CZ P-07, por su parte, bajó hasta $5.474.400. Los revólveres de fabricación nacional también registraron ajustes.
El Cassidy de tres pulgadas quedó en $4.650.448, el Scorpio de dos pulgadas en $4.458.300 y el Martial de cuatro pulgadas en $4.674.680. En la categoría de escopetas, la referencia Indumil de seguridad de un tiro se comercializa por $4.835.140.
Sin embargo, especialistas advierten que comprar un arma legal implica asumir una serie de costos adicionales que pueden elevar considerablemente la inversión inicial. Diego Botero Murillo, abogado especialista en derecho administrativo y seguridad y defensa nacional, explicó a La República que el precio del arma es apenas uno de los componentes de la llamada "canasta básica" para la adquisición legal.
A los valores de venta se suman el certificado de aptitud psicofísica, que puede costar entre $150.000 y $200.000; los trámites administrativos ante el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), cercanos a $55.000; el permiso de porte o tenencia, de aproximadamente $820.000; el curso de manejo de armas, que ronda los $350.000; y una póliza de responsabilidad civil cuyo valor oscila entre $200.000 y $450.000 anuales.
Con todos estos requisitos, la inversión total para adquirir y mantener legalmente una pistola nacional puede acercarse a los $7,1 millones, mientras que en el caso de un revólver la cifra supera los $6,4 millones.
La reducción de precios coincide con la entrada en vigor del Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que levantó la suspensión general de los permisos de porte.
El Gobierno argumentó que el 99,9% de los delitos se cometen con armas ilegales y defendió la necesidad de permitir que ciudadanos que cumplan estrictos requisitos puedan acceder a mecanismos de defensa personal.
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No obstante, las autoridades aclararon que la flexibilización no significa un acceso automático. Los interesados deben tener al menos 25 años para solicitar permiso de porte, no registrar antecedentes judiciales, aprobar exámenes psicofísicos, realizar cursos de manejo y demostrar una necesidad real para portar el arma.
Además, la autorización continúa siendo una facultad discrecional de la autoridad militar, que evalúa cada caso individualmente a través del Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones (Siaem 2.0).
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El Gobierno también recordó que tener un arma registrada no habilita automáticamente a llevarla en espacios públicos. Los permisos vencidos, suspendidos, revocados o limitados exclusivamente a la tenencia en domicilio continúan sin validez para el porte.
Las sanciones para quienes incumplan estas normas siguen siendo severas. Según el artículo 365 del Código Penal,portar un arma sin autorización puede acarrear penas de entre nueve y doce años de prisión.
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