Bolivia dejará desde enero del próximo año de subvencionar los combustibles, tras la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue difundido este jueves (10.09.2026) por el gobierno.
El FMI anunció en julio un programa de financiamiento por 1.900 millones de dólares a 36 meses. El acuerdo firmado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz aún tiene que ser ratificado por el Congreso.
Paz, en el poder desde noviembre, puso fin a 20 años de políticas estatistas impulsadas por los expresidentes de izquierda Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Al asumir la presidencia, prometió resolver la crisis. Las reservas se agotaron para sostener una larga política de subsidios a la gasolina y al diésel, que también escasean porque sin recursos el gobierno no puede importarlos.
"Nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027 al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social", dice el acuerdo.
Ante las críticas, el ministro de Economía, Christian Morales, señaló en rueda de prensa que la liberación de precios "es un tema que no es impuesto" por el FMI.
"Este programa económico (...) es el correcto para salir de esa debacle que hemos heredado" de los gobiernos anteriores, agregó.
Paz aplicó varios ajustes para eliminar las largas filas que se forman en las gasolineras, pero hasta ahora ninguno ha tenido éxito.
En diciembre eliminó los subsidios y fijó nuevos precios más cercanos a la cotización internacional de entonces. Pero el conflicto bélico en Oriente Medio encareció los hidrocarburos y volvió a obligar al gobierno a inyectar dinero para sostener las tarifas internas.
Largas filas de espera de cientos de metros son comunes en las gasolineras, en las que los conductores a veces tienen que pasar la noche en sus vehículos.
El acuerdo con el FMI también establece otras medidas para reducir el déficit fiscal, como bajar el gasto corriente y un tipo de cambio flexible.
Un reciente decreto que duplicó el precio del diésel para consumidores de grandes cantidades, como los agricultores que deben emplear maquinaria, generó protestas que piden su derogación.
El gobierno dice que los precios subsidiados promueven el contrabando a otros países, lo que sería la causa de la escasez.
jc (afp, La Razón)
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