RÍO DE JANEIRO.– "La gente no tiene idea de lo que significa sentir olor a sangre. Olor a sangre coagulada, a carne humana en descomposición. Eso era lo que sentíamos allá al día siguiente, cuando volvimos al lugar. A veces nos dábamos cuenta de que había alguien ahí por el zumbido de las moscas. ¿Entendés? Y sentís el olor a carne humana en descomposición. La gente no tiene idea de lo que es todo esto", dijo a LA NACION Thainã de Medeiros, subdirector del Instituto Papo Reto, una de las organizaciones que trabaja en las favelas de Río de Janeiro.
De Medeiros se refería a lo que se llamó "Operación Contención", el operativo policial más letal de la historia del país, realizado en Río de Janeiro el 28 de octubre de 2025, una incursión destinada a capturar a los principales líderes del Comando Vermelho (CV) que terminó con 121 muertos, según el balance oficial, y sin la detención de los principales objetivos.
Una mujer llora desconsolada junto a los cuerpos de personas asesinadas en la favela del Complexo da Penha, en Río de Janeiro, Brasil - Créditos: @Silvia Izquierdo
A pocos días del primer aniversario de aquella jornada y en la recta final hacia un reñido balotaje presidencial, el recuerdo del operativo pone sobre la mesa los diferentes modelos de seguridad pública que presentan el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).
Aunque ambos prometen hacer frente al avance de las organizaciones criminales, el candidato de la derecha reivindica la mano dura y el endurecimiento de las penas, mientras que Lula apuesta a una mayor coordinación federal y al estrangulamiento financiero de las bandas.
Con el 42,4% de los habitantes de la ciudad de Río bajo el control o la influencia de grupos armados, según un relevamiento de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y el Instituto Fogo Cruzado, y con una expansión inédita de facciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en todo el país, según organizaciones como InSight Crime, sea cual sea la respuesta que ofrezcan los candidatos, los brasileños la necesitan urgente.
El 28 de octubre de 2025, unos 2500 policías civiles y militares entraron a los complejos del Alemão y de la Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, con un centenar de órdenes de detención y el objetivo declarado de detener la expansión del Comando Vermelho (CV), la facción criminal más antigua de Brasil y la más poderosa del estado.
Cuando terminó el operativo, el saldo oficial era de 121 muertos, entre ellos cuatro agentes. La cifra convirtió la incursión en la acción policial más letal de la historia del país, por encima incluso de la masacre de la cárcel de Carandiru, en 1992, que dio origen al otro gran grupo criminal brasileño, el Primeiro Comando de la Capital (PCC).
A la mañana siguiente, los propios vecinos bajaron decenas de cuerpos de la zona de morro y los alinearon en una plaza de la Penha, mientras denunciaban ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad. El entonces gobernador Claudio Castro, afiliado al mismo partido que el senador que pretende llegar a la presidencia, definió el operativo como un "éxito", incluso cuando falló en capturar a los cabecillas de la organización, los principales objetivos de la acción.
Un sacerdote bendice los cuerpos de personas asesinadas en la favela del Complexo da Penha, en Río de Janeiro, Brasil - Créditos: @Silvia Izquierdo
Lula, por su parte, lo definió como "desastroso". Una semana después del operativo, en una entrevista con agencias internacionales, el presidente admitió que algunos podían considerarlo un éxito por la cantidad de muertos, pero sostuvo que, desde el punto de vista de la acción del Estado, había sido un fracaso. "La orden del juez era una orden de detención, no una orden de matanza, y hubo una matanza", afirmó Lula por entonces.
De Medeiros recuerda que, al enterarse de la noticia, su primera reacción fue de resignación. "Cuando me desperté y me enteré de la noticia, mi reacción fue algo así como: 'Bueno, uno más'. Pero lo que me asustó fue la cantidad de policías que estaban yendo. Cuando vi que eran 2500, dije: 'Esto va a ser una masacre'".
Al día siguiente, él y una amiga se acercaron al lugar. "No demoramos más de 20 minutos en encontrar dos cuerpos" que todavía no habían sido contabilizados, contó.
Vecinos vuelven a colocar una cabeza dentro de una bolsa después de exhibirla brevemente, en la favela del Complexo da Penha, en Río de Janeiro, Brasil - Créditos: @Silvia Izquierdo
Desde entonces, el Instituto Papo Reto recopila videos filmados por civiles durante el operativo o inmediatamente después, y los organiza en un catálogo que identifica la participación de las distintas unidades policiales.
"Con solo ordenar los datos ya empezás a detectar cosas extrañas. Tenemos muchas más dudas que certezas. ¿Cómo puede ser que no haya ningún video del BOPE [el Batallón de Operaciones Policiales Especiales]? ¿Por qué la gran mayoría de los policías no tenía la cámara corporal activada? ¿Por qué algunos cuerpos tenían tantos impactos de bala? ¿Por qué había una persona decapitada?", planteó de Medeiros.
Un año después del operativo, el poder de los grupos armados en Río sigue intacto. Según el último Mapa Histórico de los Grupos Armados, elaborado por la Universidad Federal Fluminense y el Instituto Fogo Cruzado con datos de 2024, unos cuatro millones de personas, el 34,9% de los habitantes de la región metropolitana, viven bajo el control o la influencia de facciones del narcotráfico o de milicias, los grupos armados formados por policías y expolicías que dominan territorios y extorsionan a los vecinos.
En la ciudad de Río la proporción es aún mayor, ya que alcanza al 42,4% de la población. El CV es hoy el grupo con más personas bajo su dominio, casi la mitad de la población sometida. El mapa del crimen, advierten los investigadores, se superpone casi perfectamente con el de la desigualdad, ya que quienes viven en zonas libres de grupos armados ganan en promedio tres veces más que quienes viven bajo su yugo.
Pese a las denuncias de abusos, una encuesta de AtlasIntel realizada en los dos días posteriores al operativo, mostró un apoyo mayoritario entre los brasileños. El 55,2% dijo estar a favor de ese tipo de acciones y el 42,3% las rechazó, una aprobación que creció a medida que la consulta se acercaba al territorio.
Basílica de nuestra señora de da Penha. Arriba de la favela donde se enfrentó la policía y el Comando Vermelho
En la ciudad de Río, el 62,2% de los habitantes aprobó el operativo y una proporción casi idéntica consideró que la policía había actuado de forma adecuada. Pero entre los propios habitantes de las favelas de todo el país, el apoyo trepó al 80,9%, y en las favelas cariocas, las más expuestas a la violencia de las facciones y de los operativos, alcanzó el 87,6%.
No obstante, De Medeiros cuestionó la precisión de la encuesta. Según otro sondeo realizado por el Instituto Papo Reto junto con otras organizaciones civiles con actuación directa en los territorios en las favelas de Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Maré y Rocinha, ante la pregunta de si operativos como el de Penha y Alemão deberían repetirse, el 85% dijo que no, el 7% "a veces" y el 7% que sí.
Al mismo tiempo, el 91% de los encuestados reconoció excesos e ilegalidades de la policía, incluido el 85% de quienes apoyaron los operativos, y solo el 4% creía que este tipo de acciones mejorarían la seguridad de su familia.
Los dos contendientes al Palacio del Planalto representan enfoques diferentes en la lucha contra los grupos criminales.
En materia de seguridad, Flavio Bolsonaro hizo de la mano dura el eje de su campaña. Su propuesta central es declarar al PCC y al CV como organizaciones narcoterroristas, en línea con lo que hizo en mayo el presidente norteamericano, Donald Trump. En el primer debate televisivo entre ambos candidatos prometió además "declarar la guerra al narcoterrorismo" a partir de enero.
El plan del senador incluye también la construcción de cinco presidios federales de máxima seguridad al estilo de las megacárceles de El Salvador y de más de medio millón de nuevas plazas penitenciarias, penas de hasta 80 años para los jefes de las facciones y la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Una mujer pasa junto a banderas y toallas con las imágenes de los candidatos del balotaje, a la venta en una calle de Brasilia - Créditos: @EVARISTO SA
Lula, en cambio, apuesta a una estrategia centrada en la coordinación y en el estrangulamiento de las economías de las facciones. Su propuesta central es aprobar una reforma constitucional en términos de seguridad pública, que busca ampliar el papel del gobierno federal en un área que hoy está principalmente en manos de los estados, y crear a partir de ella un Ministerio de Seguridad Pública que articule el trabajo con gobernadores e intendentes.
El plan prioriza la asfixia financiera de las organizaciones criminales y el combate al tráfico de armas, y propone recuperar los territorios dominados por grupos armados con obras de urbanización en favelas y periferias y más servicios públicos. Prevé además destinar 10.000 millones de reales a estados y municipios para equipamiento e infraestructura. Lula rechaza declarar terroristas a las facciones y sostiene que el crimen organizado debe combatirse con firmeza, pero dentro de los límites de la Constitución.
Para Marcus Inanoni, profesor de Ciencia Política de la Universidad Federal Fluminense, la Operación Contención no logró modificar las condiciones estructurales de la violencia en Río.
Un hombre camina junto a una pancarta con la imagen de Flavio Bolsonaro, en San Pablo, Brasil - Créditos: @JUAN BARRETO
"La Operación Contención no tuvo éxito en términos de desarticulación estructural del crimen ni de pacificación de los territorios. La rutina de enfrentamientos entre policías y delincuentes se mantuvo prácticamente idéntica. Quienes viven en zonas periféricas y en favelas no se sienten seguros y desconfían tanto de la Policía Militar como de la Policía Civil. Además, hay varios integrantes de estas fuerzas involucrados en milicias que también explotan a los habitantes de las zonas más vulnerables", afirmó el experto a LA NACION.
A su juicio, la intervención tampoco alteró la percepción de que la seguridad pública es deficiente y constituye uno de los principales problemas del país.
Según dijo a LA NACION Thiago Rodrigues, especialista en seguridad pública y profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, lo que hay en Brasil es "un clamor popular por la seguridad pública, que tiene que ver con el crimen organizado, pero sobre todo con la llamada delincuencia común".
Un simpatizante de Lula da Silva durante un acto de campaña denominado "Samba con Lula", realizado en Brasilia - Créditos: @Eraldo Peres
El experto resaltó que muchas veces la preocupación de los brasileños por la seguridad está relacionada, por ejemplo, "con los bienes personales, con la violencia urbana, los robos, las violaciones", pero que nada de eso está necesariamente vinculado con el crimen organizado.
De Medeiros, sin embargo, puso el foco en otro lado. "Si querés que el crimen organizado pierda fuerza, tenés que controlar a la policía", sostuvo. A su juicio, la connivencia policial es una de las principales vías de abastecimiento y protección de las facciones, y controlar a las fuerzas de seguridad permitiría dificultar el ingreso de armas y drogas a los territorios y evitar filtraciones sobre los operativos.
"'El que no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer'. Siempre escuché eso. ¿No los mataron, sino que intercambiaron disparos con la policía? Entonces, déjennos ver. Muestren las imágenes de las cámaras", argumentó.
