La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que enfrenta este domingo al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva con el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, estuvo marcada por el caos en el transporte público y las denuncias de dificultades para llegar a las urnas. La reducción de las flotas de autobuses en distintas ciudades del país provocó largas esperas y complicó el desplazamiento de numerosos ciudadanos hasta sus colegios electorales.
La situación llevó al Partido de los Trabajadores (PT), formación de izquierdas liderada por Lula, a recurrir a la Justicia para solicitar una ampliación del horario de votación. Ante las denuncias, el magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil en materia constitucional, ha ordenado prolongar la jornada electoral dos horas más de lo previsto inicialmente.
La campaña de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), una formación de derechas vinculada al movimiento político de su padre, también solicitó una prórroga, aunque por motivos diferentes. Mientras Lula denunció la escasez de transporte público, su adversario alegó las consecuencias de las fuertes lluvias, inundaciones y cortes de electricidad que dificultaron el acceso a los colegios electorales en varios municipios brasileños.
Sin embargo, la decisión judicial planteó un nuevo problema. La orden de Zanin llegó después de las 17.00 horas, cuando numerosos colegios electorales ya habían cerrado sus puertas y las urnas electrónicas habían finalizado sus operaciones. Una vez concluido formalmente el proceso de votación, los equipos no pueden volver a recibir votos mediante una simple reapertura.
La ampliación, por tanto, no garantiza que todos los ciudadanos afectados puedan votar. La medida beneficia a los electores que todavía pueden acceder a las secciones que permanecen operativas, pero deja sin una solución inmediata a quienes encontraron sus colegios cerrados.
En Brasil, donde el voto es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos de entre 18 y 70 años, las dificultades de desplazamiento adquirieron una dimensión especialmente delicada. Para millones de brasileños que dependen diariamente del transporte colectivo, la disponibilidad de autobuses resulta fundamental para ejercer el derecho al voto.
La decisión de Cristiano Zanin constituye un episodio inédito en la historia electoral reciente de Brasil. Es la primera vez que se ordena una ampliación nacional y extraordinaria del horario de una segunda vuelta presidencial después del inicio de la jornada.
El país ya había vivido una controversia similar en 2022, durante las elecciones que enfrentaron a Lula y al entonces presidente Jair Bolsonaro. En aquella ocasión, el Partido de los Trabajadores solicitó ampliar el horario después de que varias operaciones de la Policía Federal de Carreteras dificultaran el desplazamiento de electores, especialmente en el noreste brasileño, una región donde Lula concentra tradicionalmente un importante apoyo electoral.
Sin embargo, Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), rechazó la petición y mantuvo el cierre de las urnas.
La aplicación de la medida corresponde al Tribunal Superior Electoral, el organismo responsable de organizar y supervisar las elecciones brasileñas. A diferencia de España, donde la administración electoral se articula a través de juntas electorales, Brasil cuenta con una estructura judicial especializada que organiza las votaciones, fiscaliza las campañas y supervisa el escrutinio.
Los problemas se concentraron especialmente en São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, y en Salvador, capital del estado de Bahía, aunque también se registraron denuncias en otras localidades.
En São Paulo, la campaña de Lula denunció que únicamente el 60% de la flota municipal de autobuses prevista estaba en circulación, pese a una resolución judicial que obligaba a mantener el servicio habitual de los días laborables.
La empresa municipal de transportes, SPTrans, alegó dificultades operativas para cumplir la orden. Según su versión, recibió la notificación judicial el sábado, pocas horas antes de la jornada electoral, lo que complicó la reorganización de los turnos de los conductores.
Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), frente a su residencia en São Paulo. | Source: Reuters
En Salvador, el conflicto adquirió una dimensión judicial aún mayor. Tras las denuncias sobre la reducción de más de la mitad de la flota, el Tribunal Regional Electoral de Bahía, órgano encargado de supervisar las elecciones en ese estado, ordenó restablecer inmediatamente la circulación de los autobuses.
La Justicia también ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad por el presunto incumplimiento de las decisiones judiciales, además de establecer multas millonarias por cada hora de incumplimiento.
Las denuncias se extendieron a otros estados. En Alagoas, en el noreste del país, la campaña de Lula relató largas esperas, ausencia de transporte complementario y cobros indebidos de billetes. En Roraima, en el norte, se denunciaron dificultades para transportar a comunidades indígenas hasta los centros electorales.
Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), a su llegada a Brasilia. | Source: Reuters
También se registraron quejas en Pernambuco, Piauí, Paraíba, Pará y Río de Janeiro, entre otras regiones.
La legislación brasileña establece que las autoridades deben garantizar transporte público gratuito durante las elecciones, con una frecuencia equivalente a la de los días laborables. En 2023, el Supremo determinó que los municipios no podían reducir la oferta de transporte colectivo durante las jornadas electorales.
